Recordemos que el primero de abril de este año Juan Manuel
Aurrecoechea dirigió
una carta a múltiples autoridades académicas (incluidos dictaminadores del
SNI) denunciando que Berenzon
había plagiado extensamente al menos 18 párrafos de Puros Cuentos, que escribió en coautoría con Armando Bartra, en
su libro Re/tratos de la re/vuelta. La carta,
que incluía incontestable evidencia adjunta, fue brevemente discutida en el
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese mismo mes se hizo público que Re/tratos de la Re/vuelta emana íntegramente de la tesis
de doctorado de Boris, en la que plagia al menos a diez autores más, y
también que producto de idéntica técnica de collage son su tesis
de maestría, artículos académicos, y hasta una conferencia magistral grabada en video por los
organizadores del Congreso Mexicano de Ateísmo, en la que se lo ve leyendo,
íntegro, un texto
de Francisco Miñarro. Pasados casi tres meses de enviada la primera
denuncia, que contenía en sí suficiente evidencia como para descalificar a
cualquier académico, y sumado a ella todo lo que ahora conocemos, seguimos
esperando alguna reacción de las autoridades universitarias o del Sistema
Nacional de Investigadores. Algo, un pronunciamiento de la dirección de la
Facultad que diga “estamos investigando”, un comunicado del Consejo Técnico que
sentencie “el plagio es muy malo”, una nota del CONACYT que apunte “nos
inquieta que esto pase”. Cualquier cosa, pues. Alguna señal que nos haga tener
la vaga sensación de que a las autoridades académicas de la máxima casa de
estudios y del padrón de investigadores de excelencia del país les importa que
uno de sus integrantes haya fundado una exitosa trayectoria académica en el más
descarado y sistemático fraude; algún mensaje que nos dé la impresión de que
los responsables de las instituciones que sufragan con dinero público sueldos,
becas, estímulos, seguros, viajes, publicaciones, cubículos y micrófonos de
este estafador desde hace quince años han tomado cartas en el asunto; algún
indicador de que nuestra justa indignación está mínimamente representada en las
esferas de la administración académica. Ya son tres meses, y más de uno de los
adherentes a la denuncia se han sumado a esta elemental exigencia. La pregunta es: ¿por qué el
silencio?
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